Nuestro país vive una crisis institucional de larga data, con gobiernos que han asumido ya sea por golpe de estado o por elección ciudadana. Se han vivido también tiempos de violencia terrorista dejando miles de muertos y desaparecidos. Simultáneamente, la corrupción ha sido un factor crítico que ha crecido en los diversos poderes del Estado y niveles de gobierno, afectado profundamente la institucionalidad.

Hoy, ante un nuevo escalamiento de la conflictividad, que enluta familias de nuestra región con la muerte de jóvenes y adolescentes que en su derecho a la protesta encontraron excesos y muerte, nos solidarizamos con estas familias. Y llamamos a recuperar las formas pacificas de protesta ciudadana, de la mano con la atención inmediata a dichas demandas por parte de las autoridades.

Ante esta realidad, desde el Comité Ejecutivo Regional (CER) de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Apurímac, como parte de su rol facilitador para el diálogo y la concertación, señalamos lo siguiente:

• 1. Es necesario reconocer que el Perú vive una profunda crisis institucional y de valores, que debe ser enfrentada sobre la base de la acción conjunta de la sociedad y el Estado para revertir la pobreza y la desigualdad, así como la polarización y alcanzar el objetivo de que cada persona tenga sus derechos protegidos para que pueda gozar de una vida digna y plena a lo largo de su vida, y goce del apoyo del Estado dentro del país y aún más allá de las fronteras nacionales.
• 2. Las protestas de la población son legítimas y expresan un sentimiento frente a la crisis, a la exclusión, a la expectativa frustrada. Sin embargo, se debilita cuando se incorpora la violencia, y la agresión ante el bien público, por lo que hacemos un llamado a mantener las formas de protesta dentro del cauce legal.
• 3. Llamamos a las fuerzas del orden, a cumplir con sus funciones y responsabilidades frente al orden público, pero con una acción proporcional, controlada, y protegiendo la vida de la ciudadanía.
• 4. Pedimos al Ejecutivo que la declaratoria de emergencia en la región Apurímac, no signifique la militarización y represión, sino la atención urgente y prioritaria a las urgencias planteadas frente a la problemática, así como la generación de condiciones de diálogo con los verdaderos actores del conflicto.
• 5. Llamamos a la ciudadanía en general, a no exponer en estos enfrentamientos y movilizaciones a los niños, niñas y adolescentes, ya que se vulneran sus derechos debiendo por el contrario resguardarlos y protegerlos ante cualquier riesgo que atente a su integridad.
• 6. Esperamos que el Ejecutivo y el Legislativo, consideren las medidas para enfrentar la corrupción institucional y la confrontación/polarización política, la implementando de una reforma del sistema político, con transparencia y participación ciudadana, así como encaminar de inmediato las exigencias y demandas del adelanto de elecciones con reglas claras y transparentes.

Abancay, 12 de Diciembre de 2022

COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL – CER