La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) Apurímac presentó ante el Comité Ejecutivo Regional (CER) los principales hallazgos de la veeduría ciudadana al Buen Inicio del Año Escolar (BIAE) 2025, con información recopilada en 106 instituciones educativas rurales de la región.
Los resultados evidencian serias brechas en infraestructura, servicios básicos, acceso a salud, alimentación escolar y gestión pedagógica. Entre las principales alertas destacan:
- • Solo el 20% de IIEE accede a agua entubada, mientras que 66% no tiene conexión a internet.
- • El 41% del mobiliario escolar se encuentra deteriorado y el 34% de las escuelas recibió materiales educativos incompletos.
- • El 34% de instituciones no elaboró su plan de salud escolar y el 42% no realizó evaluaciones de peso, talla o salud mental a los estudiantes.
- • El 53% del personal de los Comités de Alimentación Escolar (CAE) no ha recibido capacitación del programa Wasi Mikuna.
- • Solo el 32% de las escuelas cuenta con brigadas de defensa civil activas, y la mayoría no ha sido capacitada.
Durante la reunión, representantes del GORE, DRE, UGEL, sector salud, Vivienda, programa Wasi Mikuna, Defensoría del Pueblo, Prefectura y sociedad civil coincidieron en la urgencia de establecer un plan de intervención integral, con enfoque rural y articulación entre sectores, para garantizar condiciones dignas y seguras para el aprendizaje.
Acuerdos principales:
- Convocar a una sesión extraordinaria del CER para abordar a fondo las brechas en infraestructura y alimentación escolar.
- Solicitar al sector Vivienda el listado de IIEE sin acceso a agua clorada, para su priorización en el programa Mi Cole con Agua Segura.
- Elevar solicitud al programa Wasi Mikuna y al INACAL para agilizar la evaluación de productos alimentarios que actualmente se encuentran inmovilizados.
- Reforzar el acompañamiento técnico a gobiernos locales y CAE, para mejorar la ejecución de presupuestos y la calidad del servicio alimentario.
La MCLCP Apurímac reafirma su compromiso con la vigilancia ciudadana, la articulación interinstitucional y la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes en zonas rurales, promoviendo una educación con equidad, calidad y pertinencia territorial.
