El día 11 de marzo, la MCLCP-Apurímac desarrolló 1ra Jornada del Espacio de “Análisis y Reflexión sobre Apurímac”, con el tema “Elecciones, territorio y nuevos poderes; Reflexiones a propósito de la coyuntura electoral 2016”, con el expositor Eduardo Cáceres Valdivia (filósofo y antropólogo). El evento se realizó a iniciativa del eje institucional de la MCLCP-Apurímac, con la ONG Aprodeh como responsable de la jornada.

La ponencia central y el debate planteó tres ideas centrales 

1. El vínculo entre las elecciones y el poder. Se señaló que a lo largo de la historia el poder no necesariamente se ha limitado solo a la autoridad legítima del Estado. Siempre han existido poderes informales y/o no oficiales que se han impuesto o interactuado con el poder oficial. Ejemplo de ello en el Perú y Apurímac es la coexistencia del poder estatal con el poder que significo el Gamonalismo en el siglo XX. Entendiéndose al gamonalismo como un poder que si bien interactuaba con el Estado, también definía e imponía reglas de juego propias en sub territorios diversos y no solo en las elecciones sino en la vida cotidiana en general.

En la actualidad (elecciones 2016) esta lógica de cómo opera el poder en las elecciones se vuelve a expresar aunque de manera más clara y compleja a la vez. Se constata en el Perú, y ciertamente en Apurímac, la coexistencia de los poderes fácticos con nuevos poderes, por ejemplo como los poderes ilegales (minería ilegal) y/o poderes criminales (narcotráfico, bandas organizadas). Y lo particular de esta realidad en estas elecciones es que estos nuevos poderes influyen de manera importante en las elecciones.  Esto exige, entonces, tener el cuidado necesario, la información y evaluación necesarios para elegir a las próximas autoridades. En nuestro caso, la elección de parlamentarios que sean independientes a la influencia de estos poderes varios. En el caso de Apurímac, cabe responderse, además del poder oficial, quienes son y quienes ejercen estos nuevos poderes.

2.- La relación entre territorio y poder.- Se señaló que Apurímac es un territorio que hoy concentra varios procesos simultáneos y que se manifiestan de manera acelerada con diferentes actores en disputa.

Primero, Apurímac se caracteriza por ser un territorio predominantemente rural, con una importante identidad quechua e importante, predominancia de comunidades campesinas. Es una región que vivió varios cambios sustanciales como la postergación del gamonalismo, las tomas de tierras, reforma agraria, expansión del mercado, masificación de la educación, entre otros. Un territorio de históricas exclusiones y pobreza que fue marcado, además, por los impactos y secuelas aún vigentes de la violencia política que daño -a unos más que otros- a nivel social, económico, cultural e incluso individual.

No obstante, en el presente siglo, Apurímac experimenta un proceso central que lo ha convertido en el territorio que ha atraído la mayor inversión económica minera del país. Para constatar ello se puede revisar el mapa de concesiones regional y provincial. Con excepción de Chincheros, en el resto de provincias se observa que están concesionadas en gran porcentaje de sus territorios a la actividad minera transnacional y popular (artesanal, informal e ilegal).

En este contexto se desarrollan procesos diversos frente a la minería. Por ejemplo procesos de negociación (para llevar adelante los proyectos); de resistencia (en defensa del ambiente y derechos); y de competencia (entre empresas y comuneros mineros), todos estos presentes en varias provincias con diferentes niveles de intensidad y diferentes actores como empresas transnacionales, estado, comunidades, grupos económicos emergentes locales legales e ilegales.

Sin embargo, también se desarrollan conflictos sociales –reportados por la Defensoría del Pueblo-, o más propiamente “conflictividades sociales” que entrelazan diversas conflictividades extra-comunales (entre comunidades, empresas y estado); intercomunales (entre las mismas comunidades); intra-comunales (entre comuneros de una misma comunidad divididos en pro y anti-mineros). Todo ello cruzado en diversas direcciones por diversos temas, agendas o beneficios como por el canon, por la indefinición de linderos, por reivindicación y protección de derechos, cuidado del medio ambiente o por las nuevas demarcaciones territoriales (creación arbitraria de nuevos distritos), que no solo enfrenta a comunidades versus empresas, sino también a las comunidades entre sí, como el ocurrido en Coyllurqui, Cotabambas la semana pasada en que se enfrentaron a golpes comuneros de este distrito.

Por lo dicho, Apurímac se constituye entonces en un espacio de disputa del territorio, de disputa por el control de los recursos naturales y de sus poblaciones. Y es en este escenario complejo que no se cuentan con actores que asuman el rol de mediadores. Se constata que el Estado se ha posicionado como un actor claramente ubicado del lado de las empresas en desmedro de las poblaciones, comunidades lo cual genera asimetrías enormes.

3.- Seguridad ciudadana.- Un elemento central que se desprende de los puntos arriba señalados, y que comienza a manifestarse con creciente preocupación en la región, es el vinculado a la seguridad ciudadana que en este contexto de conflictividades también involucra a la corrupción y al narcotráfico. La vida misma de los ciudadanos está en juego. Es el caso de la muerte, presuntamente por sicarios, de dos comuneros en Ccollpa y Pucuta, Curahuasi en diciembre del 2014; la muerte de otros dos comuneros muertos en el enfrentamiento entre las comunidades de Ccahuapirhua y Chiqñahui el mismo año; o la muerte (presunto asesinato) del alcalde de Mara Alberto Roque el 2015. Y en los casos de corrupción, se registra los varios casos de amenaza o riesgo de muerte denunciados por varios alcaldes que asumieron el poder municipal luego de derrotar a alcaldes reeleccionistas presuntamente vinculados a hechos de corrupción. Y finalmente, en lo referente al narcotráfico, basta ver las noticias de muertes por rivalidades, encargo y ajustes de cuenta que se vienen dando en Andahuaylas y Chincheros.

En este contexto de inseguridad vale preguntarse entonces, ¡cuántos recursos de seguridad estatal se viene orientando a cuidar Las Bambas y cuanto a la seguridad de las comunidades, ciudadanos y sus autoridades. Igualmente vale preguntarse, ¡cómo en este escenario construimos desde la MCLCP y la sociedad civil estrategias para que se presione al Estado para que juegue el rol de mediador y de garante de derechos y no solo cumpla el rol de protector de los grandes intereses de las empresas.

No trabajar en la prevención de esta problemática puede llevarnos, no a tener un ciclo de violencia política como en los 80s y 90s, pero si escenarios de alta violencia en algunos territorios de la región. Un escenario que de no ser frenado puede llevarnos a repetir la experiencia de México y que siendo el Estado más fuerte de latino-américa, hoy, el poder oficial convive con poderes facticos y criminales.  

Próxima jornada: La 2da Jornada del espacio se desarrollara el viernes 15 de abril a las 4pm. El tema a trabajar es analizar los resultados de las elecciones 2016.