Iquitos, 25 de septiembre de 2025 – El pasado 25 de septiembre se realizó en el auditorio del Ministerio Público de Loreto el “Foro: Delitos Ambientales en la Amazonía”, organizado por la Red Anticorrupción Forestal de Loreto y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) de Loreto.

El evento tuvo como objetivo analizar y debatir las problemáticas asociadas a los delitos ambientales, que representan una amenaza directa a la biodiversidad, las comunidades indígenas, al clima global y al Estado de Derecho en la región amazónica.

La apertura estuvo a cargo de Alejandro Domínguez Verde, representante de ambas organizaciones convocantes, quien destacó que los delitos ambientales constituyen una amenaza grave y creciente para la biodiversidad, las comunidades indígenas, el clima global y el Estado de Derecho. "Frente a esta situación, es urgente un compromiso firme del Estado y de la sociedad civil", afirmó.

El Dr. Abel Chiroque Becerra, Defensor del Pueblo en Loreto, subrayó que la Amazonía sufre impactos severos por delitos como la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de fauna, los cuales comprometen la vida de miles de personas y el equilibrio ecológico de la región.

Principales temas abordados

Durante el foro, José Luis Cerón Villanueva, especialista de Proética, reveló que entre el 2009 y 2024, se registraron 69,180 denuncias por delitos ambientales a nivel nacional, según cifras de la Procuraduría y el Ministerio Público. Los tres principales delitos denunciados son, siendo los más frecuentes el tráfico ilegal de madera (19.63%), En el caso específico de Loreto, el sistema GEOBOSQUES reportó la pérdida de 306,957 hectáreas de cobertura forestal, de las cuales el 99.48% corresponde a desmontes o cambios de uso no autorizados.  El especialista también se refirió a la grave situación generada por la minería ilegal en Loreto, cuyos impactos ambientales como deforestación y contaminación impiden la recuperación natural de los ecosistemas. Recordó que el artículo 307-A del Código Penal sanciona este delito con penas de 4 a 8 años de prisión.

Asimismo, advirtió sobre la creciente influencia de la corrupción en la expansión de los delitos ambientales. Mientras  se continúen promoviendo proyectos de ley que favorecen la deforestación y facilitan actividades extractivas en zonas de áreas naturales protegidas, se pondrá en grave riesgo la integridad de los ecosistemas y se dificultará aún más la lucha contra estos delitos. En este contexto, destacó el uso de tecnologías innovadoras, como la plataforma ALMA, que utiliza inteligencia artificial e imágenes satelitales para monitorear la legalidad de la madera y detectar posibles irregularidades en su procedencia.

Por su parte, el Dr. Abel Chiroque señaló que la minería ilegal se ha convertido en un problema estructural y altamente lucrativo. Se estima que una draga en el Alto Nanay puede generar más de un millón de soles mensuales. Actualmente, existen al menos 60 dragas ilegales operando en ríos como el Napo, Putumayo y Manseriche, muchas con acceso a internet satelital para evadir interdicciones. Además, esta actividad está vinculada a delitos como trata de personas, sicariato y crimen organizado.

También hizo un llamado urgente a atender a las poblaciones expuestas a la contaminación por mercurio, especialmente en el Putumayo y el Alto Nanay, y a garantizar la protección de los 12 defensores ambientales que han denunciado amenazas de muerte.

Otras problemáticas abordadas

• El Ing. Heiner Ruiz, de la Subgerencia de Supervisión y Fiscalización de Fauna Silvestre, advirtió sobre el creciente tráfico de fauna en Loreto, vinculado a la comercialización de animales silvestres con fines turísticos, el consumo de carne de monte y la venta ilegal de artesanías elaboradas con partes de animales. Esta actividad no solo pone en riesgo la biodiversidad, sino que también incrementa el riesgo de zoonosis. Señaló que el Estado aún carece de un marco normativo claro y eficaz para abordar este problema, por lo que es urgente fortalecer las campañas de sensibilización y los mecanismos de vigilancia en puntos críticos.

• El Ing. César Escalante, de OSINFOR, advirtió que el 50% de la madera comercializada en Loreto no tiene origen legal, y solo el 47% cuenta con título habilitante. Urgió a mejorar los mecanismos de trazabilidad y fortalecer la articulación interinstitucional.

• El Dr. Darwin Angulo, jefe de OEFA – Iquitos, expuso sobre la falta de remediación de pasivos ambientales por derrames de petróleo en Loreto, debido a los altos costos que superan la capacidad presupuestaria estatal. Reiteró que los operativos aislados no bastan, y que se requiere un plan regional integral que aborde el desarrollo alternativo, el acceso a servicios básicos y la justicia ambiental.

Reflexiones Finales

Los participantes coincidieron en los siguientes puntos clave:

1. Los delitos ambientales son parte de un problema estructural, agravado por la corrupción, la debilidad institucional y la falta de fiscalización efectiva.

2. Los pueblos indígenas están en la primera línea de impacto, afectados por la pérdida de bosques, la contaminación de los ríos y las amenazas constantes a sus líderes.

3. La minería ilegal tiene alta rentabilidad y avanza rápidamente en Loreto, sin que el Estado pueda erradicarla de forma efectiva.

4. Se requiere un enfoque integral, intersectorial y con participación activa de la ciudadanía para enfrentar los problemas ambientales y el cambio climático.

5. La Amazonía no puede seguir siendo vista como una despensa sin límites; urge repensar el modelo de desarrollo con justicia ambiental y sostenibilidad.

6. Loreto debe ser declarada en emergencia ambiental, ante las evidencias del avance de actividades ilegales y los graves impactos ecológicos y sociales.

7. Es indispensable proteger a los defensores y defensoras ambientales, cuya labor es fundamental para salvaguardar los bienes comunes.

8. La conservación y la sostenibilidad de la amazonia requiere de decisiones políticas firmes y mayor participación ciudadana. La sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y las comunidades deben jugar un rol activo y vigilante.