Loreto, 27 de marzo de 2026.- En el marco de la presentación del X Informe de CHS Alternativo (2023–2025) sobre la situación de la trata de personas en el Perú, especialistas, autoridades y representantes de la sociedad civil analizaron los principales desafíos que enfrenta el país, con especial énfasis en la región Loreto.

La jornada se inició con las palabras de Karen de la Cruz, quien destacó que las principales víctimas de este delito son niñas y adolescentes, y advirtió que la problemática persiste debido a limitaciones estructurales y a una insuficiente respuesta del Estado.

Durante el evento, el grupo de adolescentes del programa “Ciberñañitos” compartió su experiencia sobre los riesgos asociados al uso de redes sociales, aplicaciones digitales y videojuegos, señalando que estos espacios son utilizados por redes delictivas para captar a menores de edad con fines de explotación.

Posteriormente, Ricardo Valdés Cavassa presentó los principales hallazgos del informe, resaltando el incumplimiento de políticas públicas y la limitada asignación presupuestal como factores que afectan la prevención del delito, la persecución de responsables, la atención a víctimas y el seguimiento de casos.

Entre los datos presentados, se indicó que el 53.5% de los casos corresponde a menores de edad captados mediante falsas ofertas de trabajo, así como un incremento de alertas digitales, evidenciando el traslado de estas redes hacia entornos virtuales.

El informe también evidenció que, si bien la Política Nacional frente a la Trata de Personas contempla 42 servicios públicos, al menos siete no cuentan con presupuesto asignado, lo que limita su implementación. Asimismo, se advirtió una baja cantidad de sentencias, reflejando persistentes niveles de impunidad.

Otro aspecto identificado fue la desigual presencia del Estado en el territorio, concentrándose las intervenciones en capitales regionales, mientras que las zonas rurales y de frontera, especialmente en la Amazonía, presentan limitada atención institucional.

Durante el panel de comentarios, Carmen Rosa Arévalo Salas, coordinadora regional de la MCLCP, enfatizó que la trata de personas afecta principalmente a niñas y adolescentes en situación de pobreza, generando consecuencias como abandono escolar y desintegración familiar. En ese sentido, subrayó la necesidad de fortalecer la asignación de recursos para garantizar la protección de derechos.

Por su parte, Miguel Ángel Cadenas Cardo advirtió sobre el deterioro del respeto por la dignidad humana y la insuficiente presencia del Estado en diversos territorios de la región.

Asimismo, se destacó la necesidad de implementar una respuesta articulada frente a la trata de personas, abordando factores estructurales como la pobreza y la falta de oportunidades, así como fortalecer a las familias, promover el desarrollo integral de adolescentes y garantizar la atención en salud mental como parte de los servicios de protección.

En este contexto, la vicegobernadora regional reafirmó el compromiso del Gobierno Regional de Loreto para fortalecer las acciones frente a este delito, informando sobre la implementación de una Cámara Gesell en la provincia de Ramón Castilla para la atención especializada de víctimas.

Finalmente, se reiteró que la pobreza y la pobreza extrema continúan siendo factores que incrementan la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes, por lo que se requiere fortalecer la asignación presupuestal y la implementación efectiva de las políticas públicas en materia de prevención, atención, reintegración y persecución de la trata de personas.