Con el objetivo de analizar los avances y desafíos en la protección de la niñez en el Perú, especialmente en la implementación de la Ley N.° 30403 Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante, el Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, coordinado por la MCLCP, realizó un diálogo virtual en donde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) presentó los avances en la implementación de la norma, así como los principales desafíos para el sector.

En la sesión, la directora de Sistemas Locales y Defensorías del MIMP, Sonia Tejada, presentó los principales avances impulsados por el sector, entre ellos el fortalecimiento de las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente (DEMUNA) mediante asistencia técnica y capacitación; la implementación de estrategias como "Juguemos" y "Ponte en Modo Niñez"; la promoción de ordenanzas locales contra el castigo físico y humillante y el impulso a la participación de niñas, niños y adolescentes en los consejos consultivos.

Asimismo, expuso las principales brechas que persisten para la implementación de estas acciones, como la insuficiencia de recursos humanos y logísticos, la alta rotación del personal, las limitaciones en la articulación interinstitucional y la cobertura territorial, así como la necesidad de fortalecer a las DEMUNA como primer nivel de atención, integrar la salud mental en los servicios de protección y adaptar las estrategias a las realidades de cada territorio.

La coordinadora del Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Verónica Sáez, destacó la importancia de conocer los avances alcanzados desde el MIMP y de identificar los desafíos que deberán ser asumidos por la nueva gestión, promoviendo un espacio de intercambio y retroalimentación entre el Estado y la sociedad civil.

En representación del subgrupo de protección del Colectivo, Lourdes Febres, de Acción por los Niños, reconoció los avances logrados con la aprobación de la Ley N.° 30403 y el Decreto Legislativo N.° 1297. Sin embargo, señaló que el principal reto es garantizar la implementación efectiva de estas normas en los territorios mediante el fortalecimiento de recursos, capacidades y mecanismos de coordinación. Asimismo, enfatizó la necesidad de incrementar la inversión en acciones de prevención dirigidas a familias, escuelas y comunidades, promover la participación significativa de niñas, niños y adolescentes en las políticas públicas y fortalecer los sistemas de información y monitoreo.

Por su parte, Ana María Márquez, integrante del Colectivo, presentó los hallazgos preliminares del seguimiento a la implementación de la Ley N.° 30403. Entre los principales resultados se identificó que las DEMUNA vienen atendiendo casos de castigo físico y humillante, aunque la mayoría son derivados por fiscalías o Unidades de Protección Especial y no directamente por las escuelas o las familias. También se evidenció la ausencia de registros específicos sobre esta forma de violencia, limitaciones relacionadas con personal, movilidad y capacitación, además de la persistencia de patrones culturales que normalizan el castigo físico como método de crianza.

Durante el diálogo, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de gobiernos regionales y locales coincidieron en la necesidad de fortalecer los manuales de intervención y las rutas de atención intersectorial, reforzar la capacitación de docentes para la prevención de la violencia, ampliar la difusión y el seguimiento de los programas estatales en los territorios, impulsar diagnósticos regionales, fortalecer la articulación con los centros de salud mental y reactivar los espacios de coordinación multisectorial.