ACUERDO PARLAMENTARIO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS AL

CONGRESO DE LA REPÚBLICA POR LA REGIÓN UCAYALI. 2021-2026

Compromisos por una representación, que legisle y fiscalice para el desarrollo de las ciudadanas y ciudadanos de la región Ucayali!

Los que suscribimos, candidatas y candidatos al Congreso de la República por la Región Ucayali, reunidos el día 11 de febrero del 2021, a horas 10:00 am, inscritos vía plataforma Zoom https://bit.ly/3ckcAa9, nos comprometemos con la población Ucayalina a representar, legislar, fiscalizar y promover hacia el fortalecimiento de la democracia, la institucionalidad, la participación ciudadana, la afirmación de los derechos y el apoyo proactivo en la construcción de políticas con la finalidad de mejorar las condiciones económicas, socio demográficas, culturales y ambientales de la población en general, con énfasis en la niñez y adolescencia, poblaciones más vulnerables, alcanzando así el pleno bienestar, la equidad y justicia, necesarios para el desarrollo humano.

Nosotros como candidatos, candidatas representantes de todo nuestro grupo político postulante, reconocemos que este documento tiene carácter vinculante, por lo que de resultar merecedores de la confianza colectiva nos comprometemos a cumplir las propuestas y demandas en cada dimensión que recoge la preocupación y demanda colectiva.

DIMENSIÓN SOCIAL

1. Promover iniciativas legislativas para fomentar la erradicación de la pobreza y extrema pobreza, todas las formas de hambre, la anemia, la desnutrición crónica infantil, los embarazos no deseados, el embarazo en adolescentes, la mortalidad materna y neonatal, la violencia de género, trata de personas y la explotación infantil; las enfermedades endémicas y metaxénicas, la informalidad laboral, desigualdad de ingresos así como la discriminación en todas sus formas garantizando el acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, consumo de agua segura, educación, todos ellos con calidad y calidez a través de políticas públicas.

2. Impulsar desde nuestro rol congresal a través del diálogo la concertación con las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas competentes, el proceso de desarrollo regional a partir de las prioridades establecidas en el Acuerdo de Gobernabilidad Regional 2019 al 2022 de la Región Ucayali y que a continuación se destacan: La dimensión social 09 políticas y 62 metas, la dimensión ambiental 3 políticas y 13 metas, la dimensión económica 5 políticas y 16 metas y la dimensión institucional 10 políticas y 4 metas.

3. Cumplir las funciones legislativas respondiendo a los intereses públicos, definido por la voluntad popular mayoritaria, sin excluir a las minorías, teniendo en cuenta los enfoques de género, derechos humanos, interculturalidad, territorial y el principio de laicidad del Estado.

4. Priorizar en los instrumentos normativos, el derecho al acceso a una educación de calidad, con enfoque de género, derechos humanos y pertinencia cultural, con énfasis para las zonas de frontera y comunidades indígenas, mejorando de esta manera los niveles de deserción escolar y los logros del aprendizaje en el III y IV ciclo de Educación Básica Regular (EBR), Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y los niveles de escolaridad, garantizando la conectividad prioritariamente, de esta manera la mejora en los indicadores de comprensión lectora y lógico matemática con uso de internet al 100% , laptop, Tablet y comunicaciones vía radio y televisión en las zonas rurales.

5. Garantizar el derecho a una vida libre de violencias para niños, niñas, adolescentes y mujeres, sin discriminación por género, promoviendo políticas inclusivas con énfasis en la no impunidad y celeridad de la atención de los casos a nivel regional.

6. Derecho a alimentos adecuados: la adopción de leyes que reconozcan y garanticen el derecho universal a la alimentación incluida la alimentación y nutrición escolar.

7. Normar y garantizar el acceso a un sistema de protección social: los mecanismos de seguridad social, incluidos el seguro social y la asistencia social. Es posible adoptar medidas legislativas especiales y focalizadas para contrarrestar la vulnerabilidad ante la pobreza de algunos grupos, por ejemplo, mujeres, niñas y niños (especialmente en sus primeros 1.000 días de vida), ancianos, personas con discapacidad, indigentes, pescadores y cazadores.

8. Medidas que combaten la discriminación: la pobreza afecta de manera desproporcionada a las mujeres, quienes frecuentemente carecen de acceso a recursos productivos, se les niegan los beneficios de su trabajo y a menudo son víctimas de abusos, explotación y violencia. Por lo tanto, es necesario dar prioridad a aquellas medidas legales que mejoren el bienestar de las mujeres y que permitan su inclusión en todos los aspectos de la vida social, cultural, económica y política.

9. Garantizar la implementación de la política y el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, como derecho de los pueblos indígenas a recibir una educación pertinente y de calidad en sus propias lenguas y desde sus culturas, que permita el cierre de brechas y el ejercicio de los derechos plenos como ciudadanos.

10. Legislar y/o eliminar leyes restrictivas para lograr el acceso suficiente a la información, los servicios de salud y a tecnología anticonceptiva necesaria que garantice la salud sexual de los adolescentes como titulares del derecho.

11. Promover la ley de Educación Sexual Integral en la educación básica regular, como medio para la construcción de una sociedad más justa, democrática e inclusiva.

12. Reconociendo como una herramienta para la protección y prevención de los riesgos y situaciones de vulnerabilidad que atraviesan niños, niñas y las/os adolescentes en el ejercicio de sus derechos; contribuyendo a su autoconocimiento y a la reducción de: embarazo en niñas y adolescentes, los embarazos no deseados, el número de muertes maternas, la trata de personas con fines de explotación sexual, la violencia sexual y la discriminación hacia las mujeres y población LGTBI, la incidencia del VIH/SIDA.

13. Representar en las comisiones de salud, educación, trabajo y vivienda para fiscalizar obras sobrevaloradas y la corrupción en beneficio de la población de la amazonia.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

1. Proteger los derechos de tenencia de la tierra: un aspecto clave para mejorar el bienestar de los pobres rurales es reconocer la igualdad de género y la protección de los derechos de tenencia de los recursos naturales, como la tierra, los bosques y la pesca. Velar por la gobernanza responsable de la tenencia de los recursos naturales mediante intervenciones legislativas, institucionales y operativas coherentes.

2. Apoyar el incremento de la asignación presupuestal para la región, en materia de educación considerando el contexto de la pandemia, una Tablet por estudiantes, internet gratuito en las zonas rurales y zonas de pobreza y pobreza extrema, salud, ambiente, seguridad ciudadana y transporte como base para el desarrollo de la región al 2026. No dejando de lado la fiscalización del uso y designación de estos presupuestos.

3. Promover y fiscalizar el ejercicio transparente y honesto en la gestión de los presupuestos públicos, mejorando las competencias y la dotación de recursos necesarios a la Contraloría General de la República para que cumpla su rol como organismo de control.

4. Revisar la ley de Promoción de Incentivos de la Amazonia, para que las grandes empresas que se encuentran en la región tributen en la región y los impuestos se inviertan en el desarrollo social de la región.

5. Promover Decreto Legislativo para mejores condiciones del empleo juvenil e incorporar un programa presupuestal estratégico para promover los proyectos productivos en beneficio de la juventud, dando la flexibilidad en la experiencia laboral.

DIMENSIÓN AMBIENTAL

1. Promover y fiscalizar el cumplimiento de las leyes de protección, preservación del ambiente y la biodiversidad, Zonificación Ecológica y Económica, Ordenamiento Territorial(ZEE-OT), gestión de riesgos de desastres, cambio climático, reciclaje de residuos sólidos y uso eficiente de recursos hídricos con un enfoque de género, intercultural, inclusivo y sostenible, priorizando el uso racional para la producción que genere empleo e ingresos dignos para sus pobladores, respetando el territorio de las comunidades indígenas y su derecho a la consulta al amparo del Convenio 169 de la OIT, la ley de la Consulta Previa.

2. Fomentar leyes para la titulación de los asentamientos humanos.

3. Fiscalizar los servicios de energía eléctrica, explotación de los recursos naturales.

4. Fomentar dispositivos para implementar los rellenos sanitarios y hospitalarios en el país, plantas de filtración y oxidación de tratamiento de aguas servidas.

5. Fiscalizar la implementación de la estrategia regional ambiental, estrategia del cambio climático, planes regionales y locales de gestión de riesgos de desastres, proyectos de reforestación.

6. Representar en la comisión ambiental para preservar el agua, explotación sostenible de los recursos naturales con planes de adecuación de manejo ambiental, planes de participación ciudadana y estudios de impactos ambientales a nivel social, económico, cultural y ambiental.

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

1. Promover el cumplimiento de los acuerdos nacionales, la implementación de políticas púbicas priorizadas, el acuerdo nacional y en el eje institucional, el fortalecimiento de la democracia y estado derecho con un Estado eficiente, transparente y laico.

2. Promover la consolidación el proceso de Descentralización nacional que permita que el Estado esté realmente al servicio de las personas y al desarrollo nacional con gobiernos regionales y locales fortalecidos en sus competencias y funciones, para el mejor servicio a la ciudadanía.

3. En el marco de su función fiscalizadora deberá velar por la mejora en la capacidad y eficiencia de las entidades estatales en la gestión de recursos públicos y desde el enfoque de la gestión presupuestal por resultados, interesa especialmente a la población, desarrollar el control de la consecución de resultados del programa social, durante cada fase y respecto de cada actividad programada y ejecutada. Así, el control gubernamental incidirá adecuada y oportunamente cada vez que se identifiquen riesgos potenciales de incumplimiento o alejamiento de las metas y objetivos inicialmente establecidos, y contribuirá a los fines de la política social del Estado respecto de la lucha contra la pobreza.

4. Vigilar la constante mejora de la calidad de información para identificar a los hogares con niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza en nuestro territorio regional disperso, este proceso debe estar liderado por la Secretaria de Gobierno Digital (SEGDI) de la Presidencia del Consejo de Ministros.

5. Abordar los déficits de gobernanza: la pobreza se ve exacerbada por los fallos en la gobernanza debido a la incompetencia, el despilfarro y la corrupción. La adopción de medidas legislativas para mejorar la transparencia y la responsabilidad de las instituciones y los organismos públicos debería mejorar la eficacia de éstas para ejecutar medidas de reducción de la pobreza.

6. Consolidar los mecanismos de participación ciudadana que favorecen el diálogo permanente de autoridades y ciudadanos para apoyar la gobernabilidad y paz social. Apoyar que sea efectiva la participación de la sociedad civil en los Planes de Desarrollo Concertados, los Presupuestos Participativos, los Presupuestos por Resultados, los Consejos sectoriales, Audiencias Congresales, entre otros.

7. Profundizar la reforma política y lograr mayor idoneidad en los cargos de elección popular.

8. Establecer impedimentos para ser candidatos como no estar sentenciado en procesos penales. Hacer cambios en la inmunidad parlamentaria.

9. Promover más transparencia en la selección de candidatos de las organizaciones políticas.

10. Eliminar el voto preferencial y garantizar la participación de las mujeres, con paridad y alternancia,

11. Proyecto de Ley que modifica la Ley Orgánica de gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades para fortalecer la fiscalización y control en el presupuesto por resultados y cierre de brechas.

12. Eliminar el voto de confianza y presentación de la política general de gobierno al Congreso de la República.

13. La cuestión de confianza solo podrá ser planteada por el presidente del Consejo de Ministros o un ministro por temas prioritarios del plan de gobierno presentado ante el JNE.

14. La contratación de asesores debería ser por bancada parlamentaria y no por cada congresista.

15. Los requisitos para los movimientos regionales deberían ser los mismos que los exigidos a los partidos políticos.

16. La cuota juvenil e indígena, en las listas de regidores distrital y provincial, debe ser aplicada proporcionalmente en la mitad superior y mitad inferior de cada lista.

17. Impulsar al Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia para que formule la política nacional de justicia.

18. Promover el proyecto del expediente judicial civil y penal, así como la mesa de partes y el sistema de notificaciones electrónicos.

19. Implementar gobiernos en el PJ y MP con herramientas para una gerencia moderna y descentralizada.

20. Impulsar la interoperabilidad entre las instituciones. Continuar la implementación de la reforma procesal penal.

21. Diseñar y ejecutar un plan de emergencia para atender la carga procesal incrementada por la emergencia sanitaria.

22. Crear precedentes judiciales obligatorios para lograr una justicia predecible.

En Pucallpa, siendo las 11.00: am del día 11 de febrero del 2021, los candidatos y candidatas, aquí presentes firmamos en señal de compromiso por un pacto con la población Ucayalina.