Arequipa, 22 de julio de 2026.- Con el propósito de construir propuestas concertadas que orienten la gestión de las próximas autoridades regionales, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) de Arequipa desarrolló el taller "Construcción de los Acuerdos de Gobernabilidad Arequipa 2027–2030: Un diálogo por el desarrollo de Arequipa", espacio que reunió a representantes del Estado, la sociedad civil organizada, la academia, colectivos ciudadanos y vigías para revisar y fortalecer la propuesta técnica del Acuerdo de Gobernabilidad y Gobernanza de la región.

La jornada se desarrolló mediante cuatro mesas temáticas —ambiental, económica, social e institucional—, en las que cerca de 33 actores estratégicos analizaron los principales desafíos que enfrenta la región y formularon compromisos verificables orientados a fortalecer las políticas públicas del periodo 2027–2030.

En la dimensión ambiental, los participantes identificaron como nudos críticos la deficiente gestión de residuos sólidos —señalando la ausencia de un relleno sanitario metropolitano y el mal manejo de desmontes—, los riesgos latentes en la torrentera de Chullo y las barreras para acceder a información pública ambiental. Como solución, exigieron la creación de un Índice de Sostenibilidad Hídrica y Ecosistémica Regional, la consolidación del proyecto de residuos sólidos, y el establecimiento de una agenda técnica clara para megaproyectos como Majes Siguas II y Tía María a fin de anticipar y prevenir conflictos sociales. 

En la mesa económica, los participantes coincidieron en que los indicadores regionales deben sustentarse en fuentes oficiales y ser plenamente medibles. Asimismo, señalaron la necesidad de incorporar el desarrollo del capital humano como un componente de la competitividad regional, complementar el seguimiento de las obras públicas con información de la Contraloría General de la República y fortalecer las políticas de reducción de la pobreza mediante acciones vinculadas a vivienda social, apoyo a víctimas de feminicidio y orfandad, así como la articulación de la agricultura familiar con los mercados.

En la dimensión social, se centró el debate en torno a la inclusión de enfoques de interculturalidad e identidad de género —los cuales fueron respaldados al recordar la vigencia de la Ordenanza Regional 520. Entre los acuerdos validados destacan exigir la gratuidad efectiva de la atención médica especializada, elevar al 90% la meta de vacunación en menores de 36 meses, y fortalecer la educación de primera infancia garantizando un presupuesto integral para infraestructura, conectividad y capacitación docente. 

Finalmente, la dimensión institucional expuso la confianza ciudadana en las autoridades ronda apenas el 20%, acompañada de un abstencionismo electoral de entre el 18% y el 20%. Los participantes propusieron implementar mecanismos de gobierno abierto con el uso de inteligencia artificial, revitalizar espacios participativos como el Consejo de Coordinación Regional (CCR) y, como medida más innovadora, normar espacios de formación técnica obligatoria para las autoridades electas y sus equipos directivos antes de asumir funciones.