En base al Acuerdo de Gobernabilidad 2015 - 2018, donde las actuales autoridades asumieron compromisos para la prevención de la violencia hacia la mujer, el grupo de seguimiento concertado ha realizado el seguimiento a los principales indicadores de violencia contra las mujeres, evidenciandose que en la región la violencia contra la mujer no ha tenido un descenso significativo en el último quinquenio, y que  el 83,3% de las mujeres sufren violencia durante los primeros años de convivencia (40,2% entre el primer y segundo año).
Si bien se ha avanzado en aspectos normativos para reducir la violencia contra las mujeres, sin embargo es débil la programación presupuestal asi como la implementación de acciones operativas para la prevención desde las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno.
Si bien el gobienro central en la región destina el 17% a la función de protección social, de esto el el mayor porcentaje es para el funcionamiento del INABIF (1,499,984) que corresponde al 93% asignado, mientras que en el nivel regional se asigna 0,06% del presupuesto para protección social y los gobiernos locales llega solo hasta 0.40%.

El Coordinador de la MCLCP-A, señala que, no existe un programa presupuestal que asigna presupuesto exclusivo para el trabajo integral en prevención de la violencia contra las mujeres en el marco de presupuesto por resultados con indicadores para medir la intervención y eficiencia del estado. y Recomienda que en el marco de la Ley 30364 Artículo 2, se recomienda su cumplimiento: “A todas las autoridades, incluyendo aquellas que pertenecen a la jurisdicción especial y responsables sectoriales contemplados en la Ley, independientemente de su ámbito funcional, identidad étnica y cultural, o modalidad de acceso al cargo, tienen la responsabilidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y quienes integran el grupo familiar en el marco de sus competencia en estricto cumplimiento del artículo 1 de la Constitución Política del Perú que señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado” . 
Además señla que los sectores, salud, educación deben desarrollar acciones de prevención contra la violencia contra la mujer de manera articulada e integral, en especial durante las etapas de adolescencia y juventud, para establecer relaciones de pareja saludables, articulando los programas presupuestales estratégicos, además de fortalecer las capacidades de sus equipos en el manejo de los enfoques en el marco de la ley, además de generar información estadística en materia de prevención, para adecuar servicios para la atención eficiente, oportuna y efectiva.