Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
Webinar analiza los desafíos del sistema penal juvenil ante la reducción de la edad de responsabilidad penal

Lima, julio de 2025. – En un contexto marcado por la creciente inseguridad ciudadana y el debate sobre políticas penales más severas, el Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, con la coordinación de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP)  organizó el webinar “¿Protección o sanción? Desafíos y oportunidades para una justicia juvenil y desarrollo integral de adolescentes”, con el objetivo de analizar críticamente la Ley N.º 32330, que permite juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años en casos de delitos graves.

El evento -realizado el 17 de julio a través de las plataformas virtuales de la MCLCP- reunió a representantes de instituciones públicas, organismos internacionales, y sociedad civil comprometida con los derechos de la niñez y adolescencia. Durante el diálogo, se cuestionó la eficacia de medidas punitivas y se abogó por políticas integrales que enfrenten las causas estructurales de la violencia juvenil, como la pobreza, el abandono y la captación de adolescentes por redes criminales.

Federico Arnillas, presidente de la MCLCP, dio la bienvenida al evento destacando la necesidad de escuchar distintas voces antes de aplicar reformas legislativas que afectan directamente a las juventudes.

Lourdes Febres, coordinadora del Subgrupo de Protección del Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia y directora de Acción por los Niños, ofreció una intervención introductoria en la que destacó que el verdadero debate no es si se debe castigar o no a los adolescentes, sino si el Estado está dispuesto a protegerlos de los entornos que los empujan hacia la violencia. Subrayó que una respuesta real frente al delito juvenil debe enfocarse en la prevención, la protección y la generación de oportunidades. “Reducir la edad penal no disminuye las tasas delictivas. El 98% de delitos en el país son cometidos por adultos. Esta medida no es solo inefectiva, sino que perpetúa ciclos de exclusión y estigmatización", manifestó.

Entre los panelistas estuvieron Lynda Fernández, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Evelyn Zevallos, directora del Centro Juvenil Marcavalle; Jorge Vega, comisionado de la Defensoría del Pueblo; y Mauricio Pahuara, representante del Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud de Lima. Todos coincidieron en que reducir la edad penal no garantiza una disminución de la criminalidad y vulnera compromisos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño.

Desde la experiencia directa en reinserción social, Evelyn Zevallos, directora del Centro Juvenil Marcavalle (Cusco), explicó que los adolescentes que llegan a los centros han vivido contextos de violencia, abandono y deserción escolar y que se requiere trabajar con factores de riesgo y protección para brindarles verdaderas oportunidades de transformación.

El espacio culminó con un llamado a reforzar las políticas de protección y prevención desde la infancia, promoviendo oportunidades reales para el desarrollo adolescente. “Proteger a la niñez es prevenir la violencia y garantizar una sociedad más segura y justa”, fue una de las principales conclusiones del evento.

Conclusiones del evento:

  1. Reducir la edad penal no es una solución efectiva. La evidencia demuestra que esta medida no tiene impacto significativo en la disminución de la delincuencia y contradice los estándares internacionales de derechos del niño.
  2. El enfoque debe ser integral y preventivo, abordando factores estructurales como la pobreza, exclusión, violencia familiar, deserción escolar y falta de oportunidades.
  3. La justicia juvenil debe ser diferenciada y restaurativa, centrada en la rehabilitación, reintegración social y la protección de derechos, no en la criminalización temprana.
  4. El Estado debe fortalecer programas preventivos, como Cambiando Rumbos, y garantizar políticas públicas intersectoriales que incluyan educación, salud mental, fortalecimiento familiar y acompañamiento comunitario.
  5. Se requiere una acción articulada entre Estado, sociedad civil y comunidad, que sitúe a los adolescentes como sujetos de derecho, no como enemigos sociales.

Ver el webinar completo en https://www.facebook.com/share/v/19Viv5dXEG/