El incremento de la pobreza monetaria como consecuencia de la pandemia por Covid-19 ha traído más hambre al país, a ello se suman el actual incremento mundial de los precios de los combustibles, fertilizantes y alimentos; así como las amenazas asociadas el cambio climático con alto impacto negativo en la seguridad alimentaria. Este escenario afecta el bienestar de la población, por lo cual tenemos el urgente desafío de garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Se requiere un compromiso político responsable que asegure las condiciones para la gobernabilidad democrática y haga posible la implementación de una estrategia sostenible de desarrollo rural, enfocada en la seguridad alimentaria de la mano de la seguridad hídrica. Sin agua no hay agricultura.
La MCLCP, en su compromiso con la concertación y el diálogo para procurar mejores políticas públicas, impulsa a nivel nacional los Acuerdos de Gobernabilidad 2023-2026, proceso en el que promueve el consenso entre las organizaciones sociales y los actores políticos, para que construyan un conjunto de propuestas compartidas y objetivos comunes, posibles de implementar e impactar positivamente en el día a día de las personas, acuerdos para luchar contra la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible, en cada departamento, provincia y distrito. La seguridad alimentaria y el desarrollo rural son ejes medulares de los acuerdos.
Frente a la inminente amenaza de una crisis alimentaria, es imperante reiterar la necesidad de agendar medidas que aseguren la provisión de alimentos, amplíen los servicios de apoyo alimentario a la población que así lo requiere; el financiamiento de agricultores familiares, grupos de mujeres, comunidades; que dinamicen el mercado para la producción agropecuaria, incrementen los servicios de conectividad rural para que las familias tengan acceso a telefonía celular e internet con regularidad y de bajo costo; entre otras medidas de alcances nacional, regional y local.
En este marco, también es urgente mejorar los servicios de agua y saneamiento para el acceso de la población rural, en su mayoría dispersa. Debe crearse fondos de estímulo para municipalidades y reforzar la relación con las juntas administradoras de servicios de saneamiento y las juntas de usuarios de riego. Estos puntos son parte de las recomendaciones concertadas entre Estado y Sociedad Civil en el marco de la Mesa de Concertación y que también ponemos a consideración de las organizaciones y partidos políticos, de candidatos y candidatas que tienen la responsabilidad de asegurar propuestas y futuras medidas que contribuyan y garanticen el bienestar de la población. Para pasar de la emergencia al desarrollo sostenible, para crecer en comunidad.
Descarga aquí las Recomendaciones para la reactivación de la agricultura familiar.
