Lima, 18 de junio de 2025.- En el marco de los 10 años de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) y la Universidad de la Experiencia (UNEX PUCP) llevaron a cabo con éxito un diálogo donde se evaluaron los principales avances y políticas públicas implementadas en el Perú.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 15 de junio de 2015. Es el primer tratado internacional que establece estándares para proteger y reconocer los derechos humanos de las personas mayores.
En el Perú, la Convención fue aprobada mediante la Resolución Legislativa N.° 31090 y ratificada en diciembre de 2020 por el Decreto Supremo N.° 044-2020-RE, entrando en vigor en el derecho nacional desde el 31 de marzo de 2021.
Por esta razón, y conmemorando los 10 años de dicha Convención, se desarrolló el diálogo virtual, donde diversos representantes del Estado y la sociedad civil compartieron reflexiones y evaluaron avances en materia de protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores.
En el diálogo participaron, en dos paneles, tanto los representantes del Estado como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, Pensión 65 y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas, quienes mostraron el panorama actual de los desafíos, retos y avances en relación con las políticas de derechos de los adultos mayores en el Perú. El segundo panel compuesto por representantes de la Academia y diversas organizaciones de personas Adultas Mayores quienes desde sus espacios han contribuido de manera constante en el reconocimiento de sus derechos.
La MCLCP seguirá comprometida con el bienestar de las personas adultas mayores y su Grupo de Trabajo Nacional “Envejecimiento con Dignidad”, promoviendo la articulación entre Estado y sociedad civil para fortalecer políticas públicas que garanticen los derechos de las personas mayores, donde el envejecimiento sea reconocido como una etapa digna y activa de la vida.
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