Lima, 25 de junio.- Más de 20 instituciones públicas y de la sociedad civil participaron en una reunión técnica multisectorial para abordar los retos en la implementación de la Ley N.º 32349, que garantiza el acceso al agua potable de emergencia en zonas vulnerables, organizada el pasado 25 de junio por el Grupo de Trabajo “Agua y Saneamiento Rural” de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP).
En la sesión, realizada en modalidad virtual, se debatieron los avances, limitaciones y propuestas relacionadas al acceso al agua potable como un derecho humano prioritario en contextos de emergencia.
Cifras y propuestas
Durante la exposición central, Max Carbajal Navarro, Director General del Ministerio de Vivienda, destacó que 3.3 millones de personas en el país no tienen acceso a agua potable y 7 millones carecen de saneamiento, con una situación crítica en zonas rurales, donde menos del 4% consume agua clorada. “La ley busca soluciones no convencionales como plantas potabilizadoras portátiles, filtros y módulos de agua de lluvia, con enfoque en poblaciones en pobreza extrema”, explicó.
Opiniones diversas desde el sector técnico
El evento contó con la participación de especialistas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Red de Agua Segura (RAS), Forest Trends, PRISMA, HOMAS, IPROGA, UNICEF, SER, entre otros.
Ernesto Fonseca (ANA) propuso el uso de manantiales, agua subterránea y filtros domésticos adaptados a cada territorio; Oscar Castillo (RAS) advirtió sobre los vacíos normativos de la ley, especialmente en su carácter “temporal” y la falta de articulación con el saneamiento; Fernando Momiy (Forest Trends) remarcó que no siempre será viable acceder al agua por redes convencionales, por lo que urge planificar estratégicamente el reasentamiento de zonas de riesgo.
Compromisos y próximos pasos
Entre los principales acuerdos se destacan:
- Elaborar un diagnóstico actualizado de población sin agua en zonas periurbanas.
- Fortalecer capacidades técnicas locales para aprobar tecnologías no convencionales.
- Convocar una nueva reunión para validar el Plan de Trabajo 2025–2026, que se estructura en tres ejes: gobernanza y participación, monitoreo y evaluación, y sostenibilidad frente al cambio climático.
Finalmente, se reafirmó que el acceso al agua potable es base para el ejercicio de todos los derechos humanos. Por tanto, las soluciones deben ser sostenibles, diferenciadas según contexto y construidas con participación ciudadana.
